España enfrenta un desafío en el mercado inmobiliario este 2025 debido al aumento de la demanda y a un ritmo de construcción insuficiente, lo que ha elevado los precios de compra y alquiler. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones ciudadanas, lo que ha llevado al gobierno a impulsar planes para mitigar la crisis habitacional. No obstante, más allá de la construcción de nuevas viviendas, es esencial mejorar la eficiencia energética viviendas para hacerlas competitivas.
La Directiva (UE) 2024/1275 representa un avance clave en la regulación del sector, estableciendo que, a partir de 2030, las viviendas deberán contar con un certificado energético que garantice su cumplimiento con nuevos estándares para ser alquiladas o vendidas. Su meta es reducir las emisiones y alcanzar un parque inmobiliario de cero emisiones para 2050.
El ‘Informe de seguimiento de la certificación energética de los edificios’, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), señala que gran parte de los inmuebles en España tienen baja eficiencia energética. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), cerca del 80% de los edificios con certificado energético presentan una calificación inferior a la D, reflejando un parque residencial envejecido y con escasa conservación. Se estima que 10 millones de viviendas requerirán rehabilitación para cumplir con las normativas.
Existen ayudas a la eficiencia energética en España para fomentar estas reformas, pero su impacto es limitado. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que, en los últimos cinco años, los propietarios han invertido en promedio 5.677 euros por vivienda en reformas para mejorar la eficiencia energética, pero solo el 6% ha solicitado apoyo económico estatal, lo que evidencia un escaso aprovechamiento de estos recursos.
A esto se suma la difícil situación financiera de muchos hogares. Según el informe ‘La Economía de los Hogares en España’ (2024) de la OCDE, la inflación persistente y el estancamiento salarial han reducido el poder adquisitivo, dificultando el acceso a créditos para afrontar reformas. En este contexto, es crucial explorar mecanismos de financiación alternativos, como el crowdfunding, que permiten realizar mejoras sin depender únicamente del crédito bancario.
El crowdfunding facilita que múltiples inversores financien proyectos de rehabilitación energética con aportaciones accesibles, evitando las exigencias restrictivas de los bancos. Esta modalidad genera beneficios tanto ambientales como sociales. Por un lado, permite reducir el consumo de energía y las emisiones de gases contaminantes, fomentando las viviendas sostenibles en España. Por otro, facilita la conservación de viviendas en el mercado de compra y alquiler, evitando una disminución de la oferta de inmuebles eficientes debido a los costos energéticos y el deterioro estructural. Esto contribuye a estabilizar los precios y a garantizar el acceso a viviendas adecuadas.
El uso del crowdfunding en proyectos sostenibles ya ha demostrado su eficacia en sectores como las energías renovables y la eficiencia industrial. Su aplicación al ámbito inmobiliario puede ser clave para impulsar la rehabilitación del parque de viviendas en España, complementando las ayudas para la eficiencia energética y ofreciendo una alternativa viable a quienes no pueden acceder a préstamos convencionales.
En conclusión, el impacto energético en el sector inmobiliario es un factor clave para el futuro del mercado inmobiliario en España. Adaptar el parque residencial a los nuevos estándares energéticos sin agravar la crisis habitacional es un reto fundamental. La combinación de incentivos públicos, financiación alternativa y una mayor concienciación sobre la importancia de la eficiencia energética en las viviendas será esencial para superar este desafío.
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